Una necesaria estatización del petróleo

para seguir asegurando el desarrollo del capitalismo ordenado.

Las habilidades de los gobiernos peronistas nunca llegan a sorprender a una historia que no deja de repetirse primero como tragedia y luego como farsa.

La grave crisis energética que viene atravesando el país no tiene su inicio unos días atrás, ni siquiera unos meses, sino que se originó en varios años de inoperancia servil del estado al capital transnacional que, como era de esperar, no tendría ninguna devolución favorable, por los buenos negocios recibidos, hacia la burocracia estatal.

El modelo K ha podido remontar la crisis del 2001 entre otras cosas gracias a las regalías del petróleo y la soja , dos negocios  cuantiosos para un estado deficitario hasta ese momento.

Sin embargo en estos 9 años de gobierno nada se había dicho sobre las cuantiosas suma que Repsol enviaba fuera del país, las cuales alcanzaron la cifra máxima en el 2008 de 2600 millones de dólares, sólo en concepto de dividendos distribuidos entre sus accionistas, dejando de lado todo tipo de inversiones necesarias para la exploración, las mismas que posibilitarían el descubrimiento de los nuevos posos para futuras extracciones.

Por el contrario, el Estado, en vez de ser controlador y regulador de las ganancias, fue un simple repartidor de ocasión según la conveniencia, por eso en el 2007 impulso al grupo Eskenazi, quien adquirió el 15% de las acciones sumadas a otro 10% en el 2011, como una cuña molesta para Repsol por su mal comportamiento, ya que luego de tantos años de millonarias ganancias había llevado al país a una situación insostenible debido a la disminución de las reservas, caída de la producción de petróleo y gas, escases de inversiones y aumento indiscriminado de las exportaciones.

Pero si algo era lógico en esta última década K era continuar con la política neoliberal de los ´90, aunque muchos se llenen la boca de verborragia liberadora como decía el general –que nunca llego a tal grado- la única verdad es la realidad. No solo es lógico que Néstor y Cristina hayan sido propulsores en los ´90 de la privatización de YPF sino también es lógico que hoy Menem sea propiciador de la estatización de la misma, de hecho, el antiguo representante de las provincias en el directorio de YPF en la primera etapa de la privatización menemista es el actual secretario de Energía Daniel Cameron.

Pero estaría bueno develar dónde se encuentra el verdadero conflicto del actual proyecto porque la participación del estado en el paquete accionario de YPF para nada significa socialización de las ganancias. Solo hace referencia a que el Estado será socio en el negocio del petróleo a través de una empresa que cotiza en bolsa, negocia con los cánones del capitalismo global, produce plusvalía explotando a sus obreros y convierte al petróleo en un comoditi cuando en realidad es un recurso natural no renovable, diferencia sustancial a la hora de decidir políticas estratégicas.

Pero si hay algo que este gobierno ha hecho con gran sabiduría es haber seguido maximizando las ganancias de los grupos económicos,  en muchos casos más cuantiosas que en la época menemista, gracias a la aplicación de ecuaciones precisas e inteligentes donde el resultado se expresa en la sumatoria de ganancias y explotación directamente proporcional al consenso social.

Ahora hay que tener en cuenta que este consenso no se logra de la nada, el Estado tiene que garantizar que el capital maximice sus ganancias pero de forma disciplinada, nada de sustracciones desmedidas por parte de los capitalistas, porque estas terminan en las crisis violentas como las del 2001 o como las de Grecia, las ganancias deben ser controladas para que no rompan el equilibrio social y le permitan al Estado acumular retenciones y diversos impuestos para poder mantener una gran masa de personas desocupadas a través de diferentes subsidios, masa que hace unas décadas atrás era denominada ejército de reserva para la producción cuyo rol era  sostener el nivel de ganancia de la burguesía regulando el precio de los salarios, pero que ya hace unos años se ha empezado a denominar  población sobrante ya que nunca tendrán la posibilidad de acceder a un trabajo real y digno sino que están sentenciados a vivir de las dadivas del Estado o en la marginalidad del sistema de producción, por lo cual ya no contará con la capacidad mínima de reproducir su propia existencia.

El que el país haya llegado el año pasado a tener que importar combustibles por un valor de 9000 millones de dólares es un gravísimo problema, porque esto no sólo limita el modelo de acumulación del capitalismo sino que a corto plazo tendrá conflictos sociales ya que el Estado contará con menos dinero en sus arcar para subsidiar a grandes cantidades de población , aumentarán los precios de los combustibles y  por consiguiente se desatará una escalada inflacionaria, se contraerá la importantísima producción automotriz y se creará un ambiente propicio para la recesión.

Y toda esta posible situación está bien alejada de las necesidades de consenso y control social para la viabilidad del proyecto, por eso el gobierno ha tenido que salir una vez más al ruedo a tratar de recomponer la crisis que se avecina, expropiando el 51% de las acciones de YPF lo que le permitirá el control de las decisiones y de esta manera podrá restablecer la búsqueda y la exploración de nuevos pozos, que por otro lado se harán posibles una vez más  gracias al dinero que el Estado pagará  por ese paquete accionario, dinero por supuesto socialmente acumulado.

Sin embargo no parece tan fácil la tarea del gobierno nacional para volver a poner en marcha la industria petrolera ya que, por ejemplo, para desarrollar la zona de Vaca Muerta en Neuquén es necesaria la inversión de 5000 millones de dólares anuales durante una década, una pavadita.

Por desgracia las crisis no se resuelven ni por leyes ni por decretos, sino a través de verdaderos proyectos políticos que contengan las grandezas necesarias para libertar a la patria, y de esto nada sabe el peronismo. Recordemos que aunque el propio Perón incluyó en el artículo 40 de la  constitución reformada en 1949 la “propiedad inalienable e imprescriptible de la Nación  de los yacimientos de petróleo, carbón, gas y demás fuentes naturales de energía”, no apoyó el  proyecto de 1947 del ingeniero Julio Canessa, director de YPF y Gas del Estado durante su propio gobierno,  quien había elaborado un plan de nacionalización para expropiar la Shell y la Esso y así lograr el monopolio estatal de los hidrocarburos; por el contrario, el casi general tiempo después  citó a dichas empresas y a otras tantas mas para organizar un desembarco de inversiones extranjeras en el sector.

Por esto la historia nos demuestra que la primera vez transcurre como tragedia y la segunda como farsa, igualmente reafirmamos que es “nesario” que todos los recursos naturales estratégicos sean nacionales.

Guillermo Castelli.