Presos, salarios y consenso social.

El populismo intenta de todas maneras lograr consenso a través de medidas que quieren demostrar la autenticidad de su “progresismo” pero que no encuentran ningún tipo de apoyo popular, aún de los sectores más empobrecidos, ya que la inseguridad atraviesa todo el espectro de clases y sectores sociales, sin hacer diferencias a la hora del robo, la  violación  o el asesinato.

Equilibrar a detenidos con asalariados en cuanto a sus remuneraciones o sus beneficios sociales, en un país donde la desigualdad social se encuentra a la orden del día, no es solo un error político sino una falta de respeto a los trabajadores y una provocación social.

El contexto que transita la Argentina no es justamente el más adecuado para que equilibrar determinados beneficios empiecen por las cárceles, como sí todo el resto de la sociedad tuviera sus problemas debidamente resueltos y garantizados por el Estado.

El problema principal pasa por determinar en donde tendría que empezar la igualdad de condiciones, el equiparamiento social o la igualdad de beneficios.

Si el contexto nos demuestra que hay miles de jubilados que cobran  haberes de $2500 después de 35 años de trabajo, que otros tantos que trabajan no están registrados, que muchísimos trabajadores no llegan a los $4400 mensuales; empezar a equiparar por aquellos que han cometidos delitos y purgan condenas o procesamientos en cárceles, es como empezar  a contar la historia del país a partir del 2003.

La justicia social no se decreta ni se proclama en discursos, se construye día a día con acciones políticas que desarrollen y fortalezcan la democracia, la cultura, la educación , la vivienda y la salud. Mientras tanto aquellos que disponen de “su libertad”, pero están sujetos a la esclavitud de la plusvalía, a la perversión de la inseguridad y a la desigualdad social, no sean los primeros en ser debidamente beneficiados con lo que por ley les corresponde,  las acciones de ésta burguesía decadente y parasitaria solo lograra enardecer los ánimos de aquellos que todos los días salen a ganarse el pan y no saben si vuelven a sus casas.

La sociedad en la que vivimos no es ejemplo ni de justicia ni de igualdad, todos los días muren personas producto de una política que sobrevalora la cultura parasitaria, del no trabajar y del no estudiar, una política que baja desde los más alto del gobierno, apoyado, legislado y ejecutados por ellos mismos, como parte del proyecto burgués que por un lado impone un plan económico  sustentado por un sector del capitalismo financiero internacional y por el otro aplica planes sociales de contención como la mayoría de los países sudamericanos para contener, disgregar y atomizar, tanto a los amplios sectores sociales como a sus posibles vanguardias políticas sobre todo las de la clase obrera, capaces de desarticular, en otras condiciones sus planes de dominación.

El Estado, única institución que puede aplicar de forma legitima la violencia y que cuenta con todo un andamiaje jurídico para reprimir todo tipo de delitos, se ha convertido en una máquina lenta, perezosa y maquiavélica. Su brazo represor las distintas policías y FFAA están corruptas hasta el tuétano, tienen más antecedentes que los propios presos, y a pesar del constante cambio de cúpulas no se ha podido corregir la situación.

Tanto los delitos como los crímenes se acrecientan a diario, los niveles de inseguridad son los más altos de la historia y la crueldad de los mismos ya no tienen límites.

En este contexto cómo es posible reinsertar  a  una persona que cumple su condena y vuelve a la sociedad para tratar de continuar una vida plena dentro de las normativas civiles.

Conseguir  trabajo, mantener la disciplina del horario diario, y acostumbrarse a sobrevivir  con  salarios magros y gastos elevados en caso de intentar acceder a una vivienda digna no es lo más fácil que le sucede a un ser que habita nuestros suelos.

Para pensar en reinsertar a una persona privada de su libertar, primero y fundamental hay que construir una sociedad justa donde todos trabajadores, niños y jubilados, vivan dignamente y tengan acceso indiferenciado a la salud, trabajo, vivienda y educación, de esta manera sí será posible que la sociedad le muestre un camino diferente y posible a quien quiera empezar de nuevo.

Mientras la sociedad se desarrolle de forma caótica y violenta, equiparar a los que cometieron delitos y purgan condenas, con los que pelean a diario por sobrevivir  en esta gran selva sin romper las reglas es una calamidad.

Por el contrario se debería mostrar por parte del Estado como resarcimiento para los que todos los días vivimos situaciones oprobiosas y de inseguridad, que quienes cometen aberrantes delitos cumplan y tengan que pagar las consecuencias de los mismos.

Darles trabajos y estudio no debería ser ni un premio, ni una excepción,  por el contrario debería ser una obligación que todos tendrían que cumplir, en principio  para que sus salarios sirvan para amortizar las costas de sus juicios y seguido de esto los altísimos costos de mantención y seguridad que demandan sus encierros, costeados por toda la sociedad que trabaja para ellos. Y el estudio sí sería la mejor forma de garantizarles la  reinserción social, pero teniendo en cuenta que este debería cumplir un bien a la sociedad y no garantizarles el manejo de las leyes para poder delinquir con más capacidad. Por lo que se deberían dictar todo tipos de carreras que beneficien  a la sociedad, tales como medicina, arquitectura, ingeniería, odontología, veterinaria, etc; y que el Estado garantice que el buen desarrollo de las carreras y las buenas notas sean alicientes para disminuir sus condenas y sirvan para asegurarles trabajo dentro del Estado para el beneficio social.

Todo lo demás pareciera ser otra medida descontextualizada, que ataca directamente a la ya deteriorada cultura del trabajo y al sano desarrollo de la sociedad.

Guillermo Castelli